La Ley Sinde está de actualidad: ha sido modificada recientemente, y aunque estuvo a punto de aprobarse hace unas semanas, finalmente se presenta como una de las primeras tareas del nuevo gobierno de Mariano Rajoy.
Las modificaciones aprobadas recientemente, endurecen la Ley. El que reincida tendrá un mayor castigo y además se potencia la censura y cierre de las webs de enlace, acto que va contra la reglamentación de la UE y que la propia jurisprudencia de la Fiscalía General del Estado ha desaconsejado.
El periódico El País, recientemente, ha sacado a la luz los borradores con las últimas modificaciones, que acentúan más si cabe la censura que pontenciaba la Coalisión de Creadores.
El artículo en cuestión, hasta ahora daba 48 horas para que la web denunciada retirara el enlace o contenido y posteriormente, sin más el caso pasaría directamente a ser archivado, en caso de reincidir, se repetiría lo mismo. Ahora, con la modificación, el reincidente pasaría directamente a “fase de prueba y conclusiones”
Si se insiste en la vulneración, la reapertura se hará directamente en fase de pruebas y conclusiones. Se entenderá por reanudación de la actividad vulneradora el hecho de que el mismo responsable explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque los contenidos sean distintos
Estos serían los pasos para cerrar una web en España.
- Titular de derechos pide solicitud de retirada de contenidos con copyright.
- Admisión de la Comisión en funciones de la solicitud (no existen plazos de días para esta admisión, por lo tanto puede durar días o semanas).
- Identificación del presunto infractor. En el caso de que no sea posible la identificación (por ejemplo porque los datos no sean conocidos), se reclamará, a través de un auto del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, a que los proveedores de Internet los identifiquen.
- Cinco días tiene el juez para dictar ese auto.
- Tras el dictamen, las operadoras tendrán que facilitar los datos del presunto infractor en un plazo máximo de 48 horas.
- Se le comunica entonces al presunto infractor la apertura del procedimiento y las 48 horas que posee para retirar la vulneración.
- Estas 48 horas el presunto infractor puede elegir entre retirar contenido o presentar alegaciones. En el caso de presentar alegaciones, no queda claro ni especificado el tiempo que tardaría la Comisión en responder. Se apela a esos tres meses de período máximo del procedimiento.
- Si el presunto infractor no retira los contenidos indicados en esas 48 horas se pasaría a proceder en dos días máximo una resolución y cinco días para que todas las partes presenten conclusiones.
- Tras las conclusiones de todas las partes, en cinco días máximo se dictará una resolución final a las conclusiones.
- Llegados a este punto y tras emitirse la resolución final, el infractor deberá retirar los contenidos o dejar de facilitarlos en un plazo de 24 horas.
- En caso de no hacerlo, se pedirá a los proveedores de Internet a que corten el servicio del infractor.
- Para ello debe haber una autorización del mimo juzgado en funciones del proceso en un plazo máximo de otros cinco días para este segundo auto.
- Tras emitirse el segundo auto, las operadoras contarán con tres días máximo para aplicar la medida.
- Finalmente y en el caso de que los proveedores se negaran, se tipifica como falta muy grave con penas a los mismos de hasta 600.000 euros.
Pero…todo esto ¿Por qué? Vayámos a los orígenes.
La ley Sinde, bautizada así por el apellido de la ministra de cultura, es el nombre que se le da al apartado del la Ley de Economía Sostenible, esta ley se llama oficialmente “Disposición Final Segunda” y fue propuesta en mayo de 2009. Afecta, directamente a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Propiedad Intelectual y a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El objetivo de de estas leyes es otorgarle potestad a un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura, para que de acuerdo a su propio criterio, puedan cerrar las páginas webs que ellos crean que vulneran los derechos de la propiedad intelectual, previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.
Cuando llega una denuncia a este grupo, la Comisión de Propiedad Intelectual, ellos determinarán si hay falta o no, esto se hace a petición de quien lo pida y no intercede ningún organismo jurídico. Una vez, procesado cada caso, la comisión dictará resolución y la presenta ante el juez, pero este no interviene en el proceso de determinación de culpabilidad o no, sólo aprueba o niega la conclusión.
Aunque si hay un proceso judicial, sigue estando el problema de que la denuncia y el hecho de determinar si hay falta o no se hace por vía administrativa, es decir, por el gobierno, en vez de por un juez.
Es aquí donde se vulnera un derecho fundamental en España, la libertad de expresión. El hecho de que un organismo designado por el Ministerio de Cultura, formado por no sabemos quien, tenga ese poder, no es justo. Que el juez no esté involucrado en el procedimiento, hace que se pueda sospechar sobre lo justo de las decisiones de la comisión.
Además por medio de las filtraciones de Wikileaks salió a la luz que la Disposición Final Segunda, la Ley Sinde, se elaboró a partir de presiones de grandes industrias audiovisuales de EE.UU, es decir, los principales afectados por las webs de enlaces. De ahí la controversia, por defender los intereses de grandes empresas frente a los derechos de los ciudadanos. Una ley promulgada además, por una ministra que tiene fuertes lazos con la industria.
Por otro lado, está la existencia de una lista negra, por supuesto, controlada y elaborada por la Comisión de la Propiedad Intelectual, de los infractores que no se encuentren en España, entonces podrán pedir que el IP o el dominio sea bloqueado, este control y “filtro” de sitios y direcciones que podemos y no podemos ver, es un total atentado contra la libertad individual, ya que unos pocos decidirían los contenidos visibles o no.
Tras conocerse la Ley Sinde, un grupo de personas se pusieron en movimiento y lanzaron un Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, este fue leído por millones de personas, causando un impacto real, por el peligro que todas estas mediadas conllevan.
